Esta medida, impulsada por el Gobierno y supervisada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), busca frenar fraudes telefónicos, spam y suplantaciones de identidad, ofreciendo mayor transparencia y seguridad a los consumidores.
La norma se recoge en la Orden TDF/149/2025, que desarrolla aspectos de la Ley General de Telecomunicaciones. También se complementa con la supervisión del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.
La nueva prohibición de llamadas comerciales desde móviles
La normativa prohíbe que empresas y servicios de atención al cliente utilicen números móviles para realizar llamadas comerciales sin consentimiento previo.
Solo se podrán emplear:
- Números fijos geográficos.
- Numeración 800 o 900 (gratuitos).
- Números atribuidos oficialmente, como el 1004 de Telefónica.
El objetivo principal es combatir el spoofing (suplantación de número) y facilitar que los usuarios identifiquen rápidamente el origen de la llamada.
Ámbito de aplicación:
- Aplica a todas las llamadas comerciales dentro de España.
- También cubre llamadas desde el extranjero a móviles españoles.
- Las llamadas con consentimiento expreso previo siguen permitidas, siempre desde numeraciones autorizadas.
Consentimiento del usuario
El consentimiento debe ser previo, expreso y verificable. Se puede obtener a través de distintos medios, como contratos firmados, formularios web con aceptación clara o grabaciones de voz realizadas durante el proceso de contratación. En todos los casos, las empresas están obligadas a conservar una prueba documental que acredite dicho consentimiento. Esta prueba permite demostrar su validez y evitar posibles sanciones.
Bloqueos técnicos contra el fraude
Los operadores de telecomunicaciones están obligados a bloquear:
- Llamadas o SMS con identificador vacío, falso o manipulado.
- Comunicaciones desde números no asignados.
- Tráfico detectado como fraudulento.
Según una nota de prensa oficial del Gobierno, desde la entrada en vigor ya se han bloqueado:
- Más de 14 millones de llamadas fraudulentas.
- Unos 10 000 SMS sospechosos diarios.
La nueva normativa busca prevenir intentos de fraude muy comunes. Uno de ellos son las comunicaciones que aparentan proceder de entidades bancarias y solicitan datos personales o contraseñas con urgencia. También se incluyen los mensajes que promocionan ofertas e incluyen enlaces no verificados. Otro caso frecuente son los contactos que se presentan como soporte técnico para obtener acceso remoto a un dispositivo. Esto podría derivar en un uso indebido de la información.
Sanciones por incumplimiento
Las empresas que no respeten esta prohibición pueden enfrentarse a multas de hasta 2 millones de euros.
El control de la normativa recae en la CNMC, encargada de la supervisión del mercado y la imposición de sanciones, y en el Secretariado de Estado de Telecomunicaciones, responsable de la aplicación técnica y la coordinación con los operadores.
Próximos pasos: regulación de los SMS
En junio de 2026 entrará en funcionamiento una base de datos nacional de identificadores de remitente para SMS, con el objetivo de verificar a los emisores y evitar falsificaciones o suplantaciones en los mensajes de texto.
Este registro reforzará aún más la protección contra fraudes por mensajería.
Impacto para empresas y consumidores
Las empresas deberán adaptar sus campañas de telemarketing a la nueva normativa, asegurándose de obtener y registrar el consentimiento expreso de los clientes. Asimismo, será fundamental utilizar únicamente canales autorizados y transparentes y, cuando sea necesario, potenciar alternativas como el email marketing, la mensajería instantánea o las redes sociales, siempre cumpliendo con lo establecido en la LSSI y el RGPD.
Los consumidores deberán verificar siempre el número antes de contestar, evitando facilitar datos personales en llamadas sospechosas. También se aconseja informar a la CNMC de cualquier comunicación que genere dudas y registrarse en la Lista Robinson para minimizar la recepción de publicidad no solicitada, si bien la nueva normativa ya contribuye a bloquear la mayoría de intentos incluso fuera de este registro.
Conclusión
La prohibición de llamadas comerciales desde móviles en España supone un paso importante para reforzar la confianza y la seguridad en las comunicaciones. Con sanciones claras y tecnología de bloqueo, se busca proteger a los consumidores y, al mismo tiempo, poner en valor a las empresas y centros de llamadas que ya aplican buenas prácticas, actuando con transparencia y respeto hacia sus clientes.
El éxito de esta medida dependerá también de la colaboración de todos: consumidores, empresas y operadores. Reconocer y apoyar a quienes trabajan de forma ética y responsable es clave para construir un entorno comercial más seguro y de mayor calidad para todos.
